Delitos de corrupción en personas jurídicas: Datos y causas del 2024
Los órganos judiciales españoles continúan avanzando en la lucha contra la corrupción en España. Durante el segundo trimestre de 2024, se procesaron a 39 personas físicas y 14 personas jurídicas por diversos delitos de corrupción, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Estos delitos incluyen actividades ilícitas que afectan gravemente a la administración pública y al correcto funcionamiento de las instituciones, dañando tanto la confianza de los ciudadanos como la economía del país.
Delitos de corrupción más comunes: Malversación, cohecho y tráfico de influencias
Entre los delitos más comunes vinculados a la corrupción se encuentran la malversación de fondos públicos, el cohecho y el tráfico de influencias, todos ellos tipificados en el Código Penal español.
El artículo 419, por ejemplo, establece penas de prisión y multas para aquellos funcionarios públicos que, en el ejercicio de su cargo, reciban dádivas o promesas para realizar actos contrarios a sus deberes.
Además, el artículo 424 extiende estas sanciones a los particulares que ofrecen dichos sobornos.
Personas jurídicas en el centro de los procesos judiciales por corrupción
El procesamiento de estas 39 personas físicas y 14 jurídicas es un reflejo del compromiso del sistema judicial con la erradicación de prácticas corruptas, lo cual es elemental para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del sector público.
Es importante destacar que, según la legislación vigente, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos por sus directivos o empleados si no se han implementado medidas de prevención eficaces.
Este enfoque refuerza la necesidad de que las empresas adopten programas de cumplimiento normativo (compliance) para evitar riesgos legales.
La importancia de las reformas legislativas en la lucha contra la corrupción
El CGPJ también ha subrayado la importancia de estos procedimientos en el marco de las reformas legislativas que refuerzan las herramientas disponibles para combatir la corrupción.
Entre estas reformas se encuentra la Ley 2/2023 de Protección del Denunciante, que facilita la denuncia de actos de corrupción mediante canales seguros y confidenciales. Esta ley ha sido la base para destapar varios de los casos investigados.
Responsabilidad penal de las empresas y la necesidad de programas de cumplimiento
Los esfuerzos de las autoridades judiciales españolas siguen en la lucha contra la corrupción, buscando no solo castigar a los responsables, sino también prevenir futuras conductas ilícitas a través de controles más estrictos y la promoción de la cultura de la transparencia en todos los niveles del gobierno y las empresas.
La legislación española, en particular con la reforma del Código Penal de 2015, establece que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente si no implementan medidas adecuadas para evitar delitos cometidos en su seno, como la corrupción.
La adopción de programas de cumplimiento (compliance) es ahora más importante que nunca, ya que el marco legal exige que las empresas demuestren proactividad en la prevención de delitos, lo cual puede ser determinante para evitar o atenuar posibles sanciones penales.
SIMON GUZMAN
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