Jornada laboral en España: del fracaso parlamentario a la consulta pública
La jornada laboral en España vuelve al centro del debate tras el rechazo parlamentario a la propuesta de reducirla a 37,5 horas semanales sin rebaja salarial.
A pesar del fracaso legislativo, el Ministerio de Trabajo ha iniciado una consulta pública para avanzar mediante reglamento en el control horario y el derecho a desconexión.
Desde ECIJA Advisory analizamos el alcance de esta iniciativa, su marco legal y las implicaciones prácticas que deben conocer las empresas ante posibles cambios en la normativa.
La propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales
El intento de reducir la jornada laboral en España a 37,5 horas semanales sin reducción salarial ha quedado en suspenso tras no prosperar en el Congreso. Esta iniciativa representaba el primer cambio legal en la duración de la jornada desde 1983 y beneficiaba potencialmente a más de 12,5 millones de personas.
El proyecto planteaba una modificación directa del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo ajustes para contratos parciales. La propuesta recogía una jornada máxima de 37,5 horas semanales, con entrada en vigor prevista para 2025 y un periodo de transición hasta diciembre de ese año.
La reducción de jornada laboral sin reducción salarial se justificaba por el aumento de la productividad acumulada en las últimas décadas. Además, se incluían previsiones para negociar con empresas sin convenio colectivo.
Rechazo parlamentario y fractura en el diálogo social
El 10 de septiembre de 2025, el Congreso de los Diputados rechazó el proyecto por 178 votos en contra frente a 170 a favor. Junts per Catalunya fue clave en el resultado, al presentar una enmienda de devolución por considerar inadecuado el diseño legal.
La CEOE y Cepyme abandonaron la mesa de negociación tras 11 meses de diálogo, alegando que la medida era inviable sin compensaciones. Propusieron alternativas como excepciones sectoriales o ampliación de horas extra, que no fueron recogidas.
Desde la oposición, PP y Vox se manifestaron en contra por motivos ideológicos y económicos, alertando sobre impactos en la productividad y los costes empresariales. El resultado fue el bloqueo de una medida de gran calado para el mercado laboral.
Reacción del Gobierno: nueva consulta pública desde el Ministerio de Trabajo
Un día después del rechazo parlamentario, el Ministerio de Trabajo activó una consulta pública sobre el registro horario digital y el derecho a la desconexión. Esta vía reglamentaria permite avanzar sin necesidad de mayoría parlamentaria.
El nuevo proceso busca establecer mecanismos eficaces para controlar la jornada laboral y proteger la salud de los trabajadores mediante la desconexión digital. Se abrió a participación entre el 12 y el 26 de septiembre de 2025.
El proyecto se centra en garantizar un registro horario fiable y accesible, reforzando derechos ya existentes desde la reforma de 2019. Se excluirán sistemas en papel y se impondrá la digitalización obligatoria del control horario.
El registro horario digital: eje del nuevo Real Decreto
El nuevo decreto desarrollará técnicamente el registro horario digital, imponiendo requisitos de fiabilidad, trazabilidad y autenticidad en los sistemas. Se contemplará el acceso personal del trabajador y la posibilidad de identificación electrónica segura.
Se prohibirán los formatos en papel y se exigirá la conservación de registros durante al menos cuatro años, accesibles incluso desde fuera del centro de trabajo. Además, cualquier modificación deberá quedar registrada.
En caso de conflicto, la carga de la prueba recaerá sobre la empresa si no hay un sistema válido, lo que podría suponer el reconocimiento automático de horas extra. Las multas podrán alcanzar hasta los 10.000 euros por trabajador.
Derecho a la desconexión: garantía frente a la fatiga digital
El decreto también reforzará el derecho a la desconexión digital como derecho irrenunciable. Se prohibirá contactar a los trabajadores fuera del horario laboral, salvo excepciones justificadas.
Los convenios colectivos deberán definir protocolos de aplicación: franjas horarias sin comunicaciones, control de dispositivos, formación y medidas contra el agotamiento digital. Todo ello contribuirá a preservar la salud laboral.
Esta protección forma parte de un marco más amplio de garantías laborales, alineado con la jurisprudencia europea. Se reconoce la importancia de limitar la exposición tecnológica fuera de jornada.
El contenido limitado del nuevo Real Decreto
El Real Decreto no podrá incluir la reducción de jornada laboral ni las sanciones más elevadas previstas en la ley frustrada. Estas materias requieren tramitación parlamentaria.
Sin embargo, sí busca asegurar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral España bajo el régimen actual, reforzando su fiscalización. Se trata de consolidar mejoras técnicas mientras se retoman consensos políticos.
La norma prevé ser aprobada en Consejo de Ministros tras pasar por el Consejo de Estado y otros órganos consultivos. El plazo estimado de tramitación es de cinco meses.
Cobertura sectorial y efectos esperados
El nuevo sistema busca aplicarse también en sectores con jornadas especiales o menor regulación, como el empleo doméstico o ciertas actividades industriales. Se modificarán reglamentos específicos.
El objetivo es que ninguna actividad quede fuera del control horario y del respeto a los derechos digitales. La inclusión de sectores precarizados es una de las prioridades declaradas.
Se trata de una medida que afecta tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas y entidades públicas, exigiendo adaptaciones tecnológicas y organizativas. También se anticipan litigios por parte de la patronal.
La estrategia del Gobierno y el futuro de la jornada laboral
Desde el Ejecutivo se insiste en que la reducción jornada laboral es una meta irrenunciable, a pesar del revés legislativo. Se considera una conquista social pendiente.
Voces a favor han reiterado que el objetivo sigue vigente y que el Real Decreto es solo un paso intermedio. El plan es avanzar en lo posible mientras se trabaja por un nuevo consenso.
La falta de apoyo parlamentario y la oposición empresarial dificultan el camino, pero el Gobierno confía en reabrir el debate más adelante. Se mantiene abierta la posibilidad de reformas futuras.
Soluciones legales de ECIJA Advisory para la nueva jornada laboral en España
Desde ECIJA Advisory acompañamos a empresas de todos los tamaños y sectores en la implementación del registro horario digital y el cumplimiento de la normativa. Nuestro equipo está preparado para ofrecer asesoramiento legal y técnico personalizado.
Asistimos en la implantación de sistemas de control horario, revisión de convenios, formación interna y adaptación documental. Nuestra experiencia abarca también el acompañamiento frente a posibles inspecciones.
Contacta con nosotros para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente sobre la jornada laboral España y anticiparte a futuras reformas. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones seguras, ágiles y ajustadas a cada organización.
Preguntas frecuentes acerca de la jornada laboral España
¿La reducción de jornada a 37,5 horas está vigente?
No. El proyecto de ley fue rechazado en el Congreso, por lo que la reducción de jornada no está en vigor. Se estudian alternativas reglamentarias parciales.
¿Qué implica la consulta pública del Ministerio de Trabajo?
Es un proceso participativo para recabar aportaciones sobre el nuevo sistema de registro horario y desconexión digital. Está abierta a ciudadanos y entidades.
¿El registro horario digital será obligatorio?
Sí. El futuro Real Decreto establecerá la obligatoriedad del registro horario digital, excluyendo sistemas analógicos o poco fiables.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
Pueden llegar hasta los 10.000 euros por trabajador. La norma endurece el régimen sancionador y facilita la prueba a favor del trabajador.
¿Cómo afecta a las pymes?
Deberán adaptarse como el resto de empresas. Aunque se prevé un periodo de transición, no hay exenciones por tamaño.
¿Puede el decreto limitar la jornada laboral sin ley?
No. La reducción legal de jornada requiere tramitación parlamentaria. El decreto solo puede reforzar el cumplimiento de la normativa vigente.
¿Se esperan nuevos intentos legislativos?
Sí. El Gobierno mantiene su intención de retomar la reforma en el futuro si cambia la correlación parlamentaria.
